Si bien en un principio se esperaba una avalancha de certificaciones, la realidad demuestra que el proceso de adaptación a la ley esta siendo mas lento de lo esperado. Otro dato destable y muestra de la necesidad de este tipo de certificados es el alto porcentaje de viviendas con una calificación energética "baja" susceptibles de mejoras.1. la implantación del real decreto se está realizando, en general, de forma lenta y como ejemplo sirve el número de certificados registrados en la comunidad de madrid en junio, unos 5.500, siendo un número inferior al 3% de los estimados como obligados a obtener el certificado energético en esa comunidad autónoma
2. la gran mayoría de inmuebles certificados han obtenido una calificación energética baja, es decir, calificaciones d, e, f o g. en concreto, menos del 5% de los inmuebles certificados han obtenido calificaciones a, b o c. estos casos se dan casi exclusivamente en inmuebles que han sido construidos o reformados adaptándose a parámetros de eficiencia energética
3. a lo largo de este mes se ha habilitado en la mayoría de las comunidades autónomas el registro correspondiente de certificados de eficiencia energética. los procesos de registro son muy heterogéneos, tantos como comunidades autónomas, encontrándonos con comunidades en las que la presentación del certificado es telemática y gratuita (p. ej. com. de madrid) y en otros extremos con una presentación de documentación presencial y con una tasa de más de 20 euros (p. ej. extremadura). el país vasco no cobra ninguna tasa por registrar el certificado energético para, así, obtener la famosa etiqueta energética
4. el gobierno ha aprobado las infracciones y sanciones en materia de certificación de eficiencia energética de edificios dentro de la ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves y sus sanciones varían entre 300€ y 6.000 €, en este sentido queda esperar su aplicación una vez comiencen las inspecciones desde el ministerio de industria
5. han aparecido multitud de empresas certificadoras desde la aprobación del real decreto, convirtiendo en algunos casos el certificado en un producto de saldo. "low cost", "certificados baratos", "desde x euros" no parecen términos que se puedan asociar a un trabajo hecho por aparejadores, arquitectos o ingenieros, queda para el propietario asegurarse de quién está detrás de su certificado, tanto en la inspección como en la redacción… al final es un documento que servirá para comercializar el inmueble durante 10 años, y esto es mucho tiempo para arrastrar una etiqueta roja.
Fuente: DeNoticas
